Cincuenta años después

Conferencia en la Universidad CEU de Valencia / 23 junio 2022

Empezaré por las conclusiones: 27 años después de la aprobación durante una Asamblea de FAPE en Sevilla del Código Deontológico de la profesión periodística, 16 años después de la creación de la Comisión encargada de velar y aplicar ese Código como mecanismo de autorregulación profesional, el balance es, en mi opinión, decepcionante. No es mejor la experiencia de otras comisiones semejantes en el ámbito autonómico como la germinal de Cataluña. No ha servido de nada, o de muy poco. No obstante, su valor radica en su propia existencia, en cumplir una función de testigo de lo que es deseable y debería ser posible. Esperemos tiempos mejores, oportunidades para que la deontología sea el fundamento de la profesión.   

@fgurbaneja

Soy de los que creen que el futuro del periodismo depende de su deontología, de que asumamos la “lex artis” de la profesión; que existe, que conocemos, y que es consustancial a la profesión ya que sin ética el periodismo no merece la pena, se queda en nada; mera fachada, porque la piedra angular de la profesión es la credibilidad, que nace de la confianza de ciudadanos dispuestos a pagar por información que les sirva, que merece la pena, por su valor añadido.

            Y si la deontología es fundamental, la existencia de un órgano para velar por su aplicación, interpretación y actualización, me parece muy recomendable, imprescindible. Un órgano que debe nacer de la propia profesión, más allá del derecho positivo que cumple otra función esencial en el estado de derecho. Un órgano que tenga en cuenta a la sociedad a la que se sirve el periodismo.

            No es este el momento para exponer esa “lex artis” a la que he aludido, aunque merece la pena señalar sus elementos o principios esenciales resumidos en pocas líneas:  

1.- El periodismo tiene como 1ª obligación la verdad; su búsqueda diligente. Con lealtad, ante todo, a los ciudadanos y con una herramienta esencial: la disciplina de la verificación. Hoy más que nunca verificar es decisivo. Restaurar el valor de la verdad me parece una de las tareas determinantes para el futuro, para la política y para el periodismo. Los populismos, las autocracias crecientes durante lo que va de siglo se sustentan precisamente en debilitar la verdad, relativizarla, defender lo alternativo, es decir lo falso. Restaurar la verdad es decisivo para el periodismo y para la democracia.

2.- El periodismo requiere independencia respecto a los que informa; incluso de sus consecuencias. Su deber es informar.   

3.- El periodismo debe ejercer, por su propio carácter, un control independiente del poder, es decir no depender, no secundar los interses de esos poderes. Además, debe ofrecer foro público para la crítica, el comentario, el contraste de opiniones, que contribuyan a la “conversación ciudadana”.

4.- El periodismo acredita su carácter cuando los significantes de su trabajo (información y opinión), son relevantes y sugerentes; y además proporcionados y exhaustivos. Contar historias que interesen y que se entiendan, con datos, contexto, antecedentes.

5.- El periodismo respeta la conciencia individual de los profesionales que viven de su trabajo, que no son aficionados motivados por distintas causas o pulsiones, sino periodistas con una profesión. Lo cual justifica la “cláusula de conciencia” y el “secreto profesional” previstos en nuestra Constitución.  

            Estos principios aparecen, de una u otra forma, en todos los códigos éticos de la profesión escritos durante los últimos cien años. De hecho, esos cien años son los de la historia del periodismo, aunque podemos remontar el oficio a Heródoto o Jenofonte. Una licencia literaria, pero el periodismo profesional, tal y como lo entendemos durante las últimas décadas, acompaña necesariamente las democracias formales y liberales, incluso las anteceden. El periodismo necesita la democracia efectiva y madura; solo puede progresar en sociedades y sistemas democráticos que respetan las libertades y evitan la concentración del poder.

            Es obvio que la piedra angular del periodismo es la libertad, el derecho de informar, definido desde finales del siglo XVIII. Pero el periodista además de ese cimiento en las libertades precisa otro asentamiento específico: la independencia, que solo es posible cuando los medios y los periodistas disponen de autonomía financiera, proporcionada por clientes que pagan y empresas editoras que protegen a sus profesionales.

            Las patas que sostienen la mesa son: libertades; independencia; periodistas profesionales, y editores efectivos. Cuando falla alguna de esas patas falla la mesa. Pero vuelvo a los Códigos y las Comisiones deontológicas. Las primeras experiencias en este sentido parten de iniciativas seminales como la sueca y la anglosajona. Los suecos tienen en sus raíces constitucionales la libertad de prensa y el derecho a la información desde finales del XVIII, antes incluso de la decisiva 1ª enmienda de la Constitución de los EEUU (otra piedra angular) y del decreto español de Libertad de Expresión de 1810, que es pieza singular, interesante y liberal, anticipo de la Constitución de 1812. 

            En 1916 por iniciativa de editores y periodistas suecos se constituyó el primer Consejo de Prensa (Ombudsman) para ocuparse de las quejas de los lectores/ciudadanos, para darles cauce y por tanto para propiciar la autorregulación y dar explicaciones al público. Enseñar nuestro trabajo, cómo lo hacemos. Luego fueron los británicos, tras los trabajos de varias Comisiones Reales, los que promovieron su “Press Complaints Commission” (PCC) que ha servido de referencia y de modelo para otros países europeos, aunque el sistema de medios británico no sea el más ejemplar, ni el más libre e independiente.

            La PCC quedó cuestionada por su fracaso a la hora de prevenir o corregir las desviaciones e irregularidades del Grupo Murdoch al que censuró por tibieza, por debilidad o por lo que fuera. Ahora los británicos proponen un sistema más intervencionista y sancionador, más allá de la autorregulación, aunque muchos medios han asumido algunas responsabilidades para evitar un mayor control público o exterior.

            Los comités deontológicos suelen nacer a la defensiva, para evitar legislación positiva restrictiva de la libertad, leyes contra el libelo (contra los males de la prensa, como se llamaron en algún momento de nuestra historia). Proyectos legislativos de los gobiernos, de muchos gobiernos, que lo intentan en algún momento de apuro o acoso, para tratar de limitar la libertad y el derecho y deber de información, casi siempre con el argumento de proteger la verdad y el derecho al honor y a la intimidad de las personas. También para fortalecer la defensa de las personas contra posibles injurias, calumnias e intromisiones en la intimidad. El caso de los primeros ministros británicos y la BBC es interesante, Tony Blair y Ben Johnson, antes y ahora, conspiran contra la BBC de cuya independencia abominan. Sobre Trump no hacen falta comentarios. 

            En nuestro caso no es casualidad que el Código Deontológico se planteó y aprobó durante los primeros años noventa (1992 en Cataluña y 1993 el Código de FAPE). Entonces el tercer gobierno socialista de Felipe González (1990-93), con Tomás de la Cuadra en Justicia, planteó una reforma del Código Penal para endurecer el delito de difamación, que ya estaba contemplado en el Código. Arreciaban entonces las acusaciones de corrupción, de financiación irregular de los partidos, de tráfico de influencias (caso Juan Guerra y otros). Felipe González hizo un comentario emocional en los pasillos del Congreso: “van a conseguir dos por uno”, uniendo su suerte a la de su vicepresidente y la portavoz del Gobierno reclamó a los medios, a los periodistas, contención, autorregulación, una apelación que retrasó las iniciativas en marcha para no parecer colaboracionistas gubernamentales.  

            El gobierno no avanzó en la legislación antilibelo (tampoco en una ley de huelga que llegó a entrar en el Congreso) por la disolución de las cámaras. En la siguiente legislatura, cuarta socialista, agónica y estéril, el nuevo ministro de Justicia ¡e Interior! Belloch, no vio oportunidad para esa reforma. Luego tofo los gobiernos han tratado de forma más o menos sutil o descarada limitar los “excesos” de los periodistas.

            Desde el periodismo surgió una protesta colectiva encabezada por directores y periodistas conocidos que derivó a lo que Umbral llamó “sindicato del crimen” para tumbar a Felipe González. Al margen de ese movimiento, más o menos pinturero, las organizaciones profesionales que apenas protestaron contra el proyecto de reforma del Código Penal, entendieron el riesgo y plantearon la autorregulación y el Código Deontológico como barrera defensiva y un primer peldaño hacia una deontología militante.

            A favor de esa iniciativa contaba una recomendación del Consejo de Europa para promover Códigos y consejos deontológicos para los que propuso un modelo de Código del que fue ponente el profesor español Manuel Núñez Encabo, que luego fue miembro de la Comisión y segundo presidente de la misma tras el fallecimiento de Antonio Fontán.

Todos los códigos se parecen, conozco más de un centenar y cabría alguna iniciativa para homogeneizar y reforzar su contenido. No creo que vaya ocurrir, pero estaría bien, sería útil.  Me parece de justicia señalar en este punto que la legislación española en materia de libertad de expresión y derecho de información, presidida por el artículo 20 de la CE, es de las más avanzadas y completas del mundo, establece derechos y deberes que han tenido un extraordinario amparo tanto en la jurisprudencia del Supremo como del Tribunal Constitucional.

            Estas libertades y derechos de expresión e información definidos en el 20 de la CE no son ilimitados, están perimetradas por el artículo 18 de la propia CE que fija los llamados derechos personalísimos, la Ley orgánica de derecho al honor de 1982, la ley del derecho de rectificación (1984), la cláusula de conciencia (1997); el código penal…  En mi opinión un arsenal legislativo suficiente; otra cuestión es valorar el acento de la jurisprudencia y de la las sentencias judiciales a la hora de ponderar derechos en conflicto.

            Sin olvidar que en el caso de las televisiones, siempre a caballo entre la información y el espectáculo, la realidad y la ficción, frente a las que la Administración, (la CNCM en concreto o el CAT en Cataluña u otros equivalentes autonómicos) dispone de facultades para sancionar excesos, aunque suelen evitar las cuestiones éticas. El gobierno socialista de Zapatero, por iniciativa de la vicepresidenta de la Vega, alentó un modelo de autorregulación en las televisiones que fracasó porque las empresas lo aceptaron para boicotearlo y burlarlo de inmediato.   

            En ese contexto de finales de siglo XX, cuando el Consejo de Europa alentaba los códigos y los comités deontológicos, el Colegio de Periodistas de Cataluña aprobó un primer código y promovió su Consejo de la Información de Cataluña, ajustado al modelo británico con un animador que quiero destacar, mi colega Josep Pernau ya fallecido, que consiguió el apoyo de los editores, también los nacionales (los de Madrid) e incluso del gobierno de la Generalitat. El Conseil ha funcionado desde entonces vinculado al Colegio de Periodistas y con un buen desempeño en el contexto catalán, en su oasis, hoy más desgarrado que hace unos años.

            A renglón seguido de los catalanes el año 1993 la Asamblea de la FAPE celebrada en Sevilla y por iniciativa de su presidente Antonio Petit aprobó por unanimidad el Código Deontológico que ha estado vigente desde entonces, con un par de añadidos el año 2017 para incorporar unas líneas sobre los nuevos soportes tecnológicos, los derechos de autor y el plagio.    

            En Madrid y el resto de España la iniciativa tropezó con la oposición de los directores, creyentes de que la mejor defensa de las libertades consiste en no regular, ni autorregular; y la indiferencia de los editores que consideraron que la Comisión Deontológica no les interesaba. Apoyaron la iniciativa catalana pero no la nacional. Así que la iniciativa de 1993 quedó varada en origen, quizá por déficit de audacia de las organizaciones profesionales y por la inopia de los editores y la poca personalidad de los directores, que bastante problemas tienen antes de reparar en la ética.       

            Diez años después, sin esperar la complicidad de los editores (ni de los directores) una de las primeras decisiones de la FAPE que me tocó presidir fue crear la Comisión de Quejas en mayo de 2004 conforme al modelo de las comisiones europeas conocidas. Elegimos una larga lista de personas (16) cualificadas a las que propusimos formar pesa Comisión, por supuesto sin retribución ni otra compensación que el hecho de formar parte de la misma.

            La idea era componer una comisión plural,  con algunos periodistas reconocidos (los anteriores presidentes de la FAPE), con universitarios relacionados con la Ética, con juristas cualificados y con personas representativas de entidades de la sociedad civil (Cáritas, Manos Unidas…) De entre ellos quiero destacar al primer presidente Antonio Fontán, académico, periodista y político; al vicepresidente Manuel Núñez Encabo, que redactó el Código Deontológico del periodismo del Consejo de Europa el año 1993; y a  juristas relevantes como son el magistrado Rafael Mendizábal Allende que hoy preside la Comisión y el que fue decano del colegio de abogados de Madrid Luís Martí Mingarro que sigue siendo miembro de la misma desde su constitución. Hoy la Comisión está formada por nueve personas, tres juristas, tres periodistas y tres académicos.    

            La FAPE ratificó su compromiso con la Comisión en la primera reforma de sus Estatutos (2006) que fijó el compromiso de financiar su funcionamiento sin inmiscuirse en sus decisiones.

ARTÍCULO 24.- La Comisión de Quejas y Deontología tiene como objeto conocer y resolver las cuestiones de deontología y ética periodísticas, conforme a su propio reglamento, por su iniciativa o a petición de la Federación o de cualquier ciudadano.

Sus integrantes serán nombrados por la Asamblea General de la FAPE, a propuesta de la Junta Directiva, en la forma y número que reglamentariamente se determine, entre personalidades pertenecientes al periodismo, al derecho, al mundo académico o a otras actividades relevantes de la vida social.

La Comisión de Quejas y Deontología funcionará con plena independencia y autonomía competencial y de funciones, y será dotada económicamente tanto por la propia Federación como a través de la colaboración económica de instituciones y organizaciones que sean invitadas a dicha colaboración por la Federación.

            Años más tarde, con objeto de involucrar a editores y a otras entidades sensibles al objetivo de la Comisión de autorregulación, la FAPE promovió una Fundación como entidad de cobertura de la Comisión facultada para designar a sus miembros y el compromiso de dotarla de recursos, sin inmiscuirse en su funcionamiento.

            Medio centenar de medios y asociaciones profesionales se han adherido a la Fundación con un compromiso de abonar una cuota anual entre 50 y 300 euros, según su dimensión, que apenas abonan de tal manera que corresponde a la FAPE asumir los costes de mantenimiento: 17.000€ este año (la mitad para pagar una secretaria a media jornada y la otra mitad para viajes de los vocales y el abono de una dieta de asistencia 100€ y honorario por dictamen (100€).

            La Comisión ha trabajado con regularidad durante estos 15 años, con muy poco apoyo y con una discreción que me parece recomendable para este tipo de iniciativas. Siempre estimé que la Comisión debía construir paso a paso un perfil de reputación, de credibilidad y de independencia.

Trabajamos con dedicación de todos los miembros que preparar y proponen resoluciones y que las debaten y, en su caso, mejoran. No les oculto que las sesiones son interesantes, intensas e instructivas. Hasta ahora todas las resoluciones menos una se han aprobado por unanimidad, las discrepancias se sustancian con debate y cesiones. Se ha mantenido la discreción respecto a los ponentes de cada resolución que me parece conveniente por el carácter de mis colegas afectados por alguna resolución adversa. 

            Durante estos años se han publicado 200 resoluciones sobre unas 250 quejas recibidas, más de la mitad con reproche a los medios señalados y las otras en favor de los periodistas y/o sus medios. El contenido de esas resoluciones, reflejadas han merecido poca atención de los medios que se hacen eco de las mismas cuando les va bien a cada uno o mal al competidor, conforman un cuerpo de doctrina sobre buenas prácticas que ha merecido alguna tesis doctoral y está a disposición de todos los interesados, incluidas las facultades de periodismo.

            La Comisión propuso a la Fundación el año 2013 un reglamento de funcionamiento para establecer procedimientos reglados de actuación que se vienen aplicando con rigor y que define un modelo de resoluciones que aunque a algunos les parece demasiado formal, casi judicial, a mí me resulta claro, razonado y efectivo. En este sentido se nota la influencia de Mendizábal y Martí Mingarro cuya contribución a la Comisión no puedo más que encomiar y agradecer. Yo les invité a formar parte de la Comisión y no les oculta que creo que fue una “buena obra”.

CONSIDERACIONES PARA EL FUTURO:

Como les decía al principio tengo la convicción de que el futuro del periodismo pasa por la militancia en una ética, una deontología profesional exigente y notoria. Sin ella es imposible ganar credibilidad y el respeto de la sociedad y, más en concreto, de ciudadanos dispuestos a pagar por la información, porque lo vale. Los periodistas ganarán su sueldo cuando logren credibilidad, sin ella la profesión carece de sentido. 

            Las nuevas tecnologías y la eclosión de internet y de los buscadores globales han canibalizado y secuestrado a los medios y al periodismo, que se han dejado someter con una sumisión escandalosa. Es obvio que son tecnologías no elegibles, han venido para quedarse, y nos aportan enormes oportunidades y algunos riesgos. No solo al periodismo.

            Los buscadores o agregadores (Google y, sobre todo, Facebook y Twitter) huyen de las exigencias que impone el derecho a la información, de los deberes vinculados. No quieren ser responsables de lo que difunden. Esta situación es inaceptable y peligrosa para la democracia y las libertades. Por eso, antes o después, llegará una rectificación con iniciativas legales nacionales y multinacionales que establezcan otro orden en competencia.  

            Para el periodismo, que ha perdido para siempre su carácter monopolista de difusión de información, se abrirá una nueva oportunidad extraordinaria que exige calidad, credibilidad e independencia profesional. Y para que todo eso sea posible la autorregulación es indispensable. Por eso creo que hay futuro para el periodismo y que ese futuro pasa por el buen desempeño de las comisiones de Deontología. Que también deben ser de arbitraje interno y extrajudicial de la industria y de quejas de los ciudadanos a los que hay que dar explicaciones.           

            El modelo existe, hay experiencia, solo hace falta que la profesión lo asuma, sobre todo los editores.

            Desde hace años he defendido, con ningún resultado, que el Código debería incorporarse al contrato laboral (o mercantil) de los periodistas para perfeccionar el compromiso editor-periodista. El punto primero del Código dice:

            1.- El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad y ética contenidos en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será condición necesaria para su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a las Asociaciones de la Prensa federadas. Quienes con posterioridad a su incorporación al Registro y a la correspondiente Asociación actúen de manera no compatible con estos principios, incurrirán en los supuestos que se contemplen en la correspondiente reglamentación.

            Es una redacción antigua, de cuando se pretendía escalafonar la profesión para controlarla. Pero el espíritu de ese punto es claro: que el código sea conocido y signifique un compromiso. No sé si llegaré a verlo, pero estoy convencido que los editores y los periodistas del futuro lo entenderán, asimilarán y aplicarán.   

            Para concluir me parece oportuno señalar que cualquier sistema de autorregulación profesional requiere tres condiciones necesarias y no suficientes:

            1.- Que los autorregulados quieran autorregularse de verdad, de buena fe.

            2.- Que se doten de un órgano independiente y respetado para gestionarla y gobernarla.

            3.- Que las decisiones de la Comisión sean asumidas y publicadas.   

            Mi experiencia de estos años es que los autorregulados lo aceptan con la boca pequeña, la teoría general, pero sin asumirlo, sin interiorizarlo y sin apoyarlo. Sin embargo, cuando los más escépticos se ven afectados por alguna queja tienen un comportamiento curioso: unos rechazan ser sometidos a escrutinio, lo cual no es óbice para que hagan alegaciones de defensa para que sean tenidas en cuenta. Además, movilizan amistades para influir en la Comisión, incluidas algunas sutiles advertencias.

            Una señal interesante es que alguna corporación ha incorporado a sus procedimientos la posibilidad de excluir de sus campañas publicitarias a medios que hayan sido sancionados por incumplimientos deontológicos. Una señal muy leve, no divulgada, pero que tendría un considerable efecto para la credibilidad y la eficacia del Código y de la Comisión.

            También les apunto que hasta ahora los sucesivos gobiernos han mostrado un riguroso desinterés por la Comisión y el código ético, lo cual no si es bueno o malo, lo dejo a su consideración.

Finalmente, no me he referido a otros instrumentos de autorregulación conocidos y que me parecen eficaces, en concreto los “libros de estilo” que son una especie de Constitución interna de cada medio, una serie de normas sobre sus valores. Soy muy partidario de ese instrumento, sobre todo cuando es debatido internamente y se aplica de verdad. También la figura del “defensor del lector” que da y pide explicaciones y que debe ser leal a su nombre, defensor del lector, no del medio o de sus redactores.

Concluyo comuna apelación a todos vosotros, con una idea que me parece fundamental para ganar el futuro, para que el periodismo exista:  tenemos el deber de restaurar el valor de la verdad, ninguneada, vilipendiada, relativizada por los enemigos de la libertad y de la democracia. Sin buscar la verdad el periodismo carece de sentido y de futuro.